Un resumen del encuentro con el Dr. Ricardo Gil Lavedra, Presidente del Colegio Público de Abogados, organizado por la Comisión Legal y Fiscal, el 16 de agosto.
(03:45) «Uno de los grandes temas que ocupan la agenda pública en la Argentina es la justicia. En una democracia, la justicia ocupa un papel central. Los jueces defienden los derechos de todos, le ponen un límite al poder y aseguran la vigencia del estado de derecho. Sin embargo, todas las mediciones realizadas desde hace años marcan un deterioro constante de la confianza de la gente en la justicia argentina. Una ONG chilena, Latinobarómetro, publica un informe anual sobre la calidad de la democracia y sus instituciones en todo el continente. La justicia argentina, según esta medición, viene cayendo de manera estrepitosa. En la región el 25 % de las poblaciones confía en la justicia, pero en la Argentina solo el 14 %, según datos de 2021».
(06:40) «La justicia atraviesa una doble crisis. Primero, se trata de una crisis de eficiencia: la gente desconfía porque siente la justicia como una institución lejana, que se toma largos tiempos. La segunda crisis es política. La gente no cree que los jueces sean imparciales o resuelvan los procesos de acuerdo a la ley. La responsabilidad de este descrédito es de esa misma política. Hasta los años 1980, la justicia era un actor olvidado del reparto de poderes. Luego cobró importancia y los políticos trataron de no tener una justicia hostil. Es un derrotero que arranca a principios de los 90 con la ampliación de la Corte Suprema. Los problemas actuales de la justicia responden a las causas de corrupción de los políticos».
(09:20) «Quiero compartir unas palabras sobre el law fare, algo totalmente incompatible con una democracia constitucional. Trata de deslegitimar la acción judicial. Atrás de esto, anida una concepción diferente de la democracia: ciertos gobiernos consideran que la democracia es poder y que quien tiene la mayoría no puede ser controlado».
(12:40) «El destinatario central de los ataques del poder político en estos últimos tiempos ha sido la Corte Suprema. Porque es el tribunal que tiene la última palabra sobre los expedientes en materia de corrupción. El poder político trata de presionar o de deslegetimar el poder judicial. También tratan de modificarla y cambiar sus reglas de funcionamiento».
(16:10) «Se pueden discutir mejores maneras sobre el funcionamiento de la Corte. Recibe una enorme cantidad de causas, unas 20.000 cada año; recibe críticas sobre el modo de selección de los casos; pero nunca se estudió seriamente cuál sería la mejor manera de descongestionarla. El tribunal intermedio, que se planea crear para causas de arbitrariedad, es objetable desde el punto de vista constitucional. Todos los intentos para cambiar el funcionamiento de la corte apuntan a tratar de obtener una ventaja política. La política trató también de inferir en el Consejo de la Magistratura».
(20:40) «La discrecionalidad del funcionamiento del Consejo podría encontrar una salida en el Congreso, donde se podría dictar una nueva ley para empoderar nuevamente a los jurados y eliminar la ingerencia política. Es una institución fundamental que actualmente está muy en mora porque el 30 % de las vacantes no están cubiertas. Es una traba gravísima al funcionamiento de la justicia. Quiere decir que hay 180 vacantes sobre los 900 puestos de jueces federales y nacionales».
(22:00) «Para el Colegio de Abogados, la independencia de la justicia es un principio básico. En primer lugar, porque cuando juramos los abogados, juramos fidelidad a la Constitución y las leyes. Defender la Constitución es nuestro primer deber. Necesitamos tener una justicia creíble y predecible. Queremos incrementar la voz institucional del Colegio en función de estos objetivos: defender la eficiencia y la independencia de la justicia. Debemos obrar para conseguir transparencia en la justicia, que es muy opaca en la Argentina. El modelo español puede servir de guía para recuperar la confianza de los ciudadanos y conseguir mayor eficiencia».
(25:00) «En el programa de Justicia 2020 del Gobierno anterior, se estableció un programa que dio un resultado espectacular, conocido como de la oralidad efectiva para los juicios ordinarios de la justicia civil. Es muy sencillo: el juez llama a las partes y durante una sesión filmada, pregunta y trata de conciliar. Esta audiencia preliminar trae una tasa de conciliación del 50 % a nivel país. Si no se concilia, el juez está en condiciones de fallar rápidamente. Este sistema bajó la duración del proceso judicial de cinco a dos años en promedio en toda la Argentina».
(28:25) «Estamos en un momento difícil para la historia de la justicia, con todas estas causas que interesan al poder de turno. La posibilidad que haya justicia en estas causas vinculadas con la corrupción es muy importante para nuestra democracia. La Constitución tiene una cláusula contra el enriquecimiento ilícito por medio de la función pública. Debe haber un compromiso ciudadano muy fuerte para defender la independencia y las reglas de la justicia».
