La apertura comercial entre la Unión Europea y el Mercosur avanza junto con un entramado regulatorio que convierte a la trazabilidad, la debida diligencia y el desempeño ambiental en factores decisivos de competitividad. Para las empresas argentinas, la reducción de aranceles abre oportunidades, pero acceder efectivamente al mercado europeo exigirá demostrar cada vez más cómo, dónde y bajo qué condiciones se produce.
El Acuerdo Unión Europea-Mercosur inaugura una etapa en la que la liberalización comercial ya no puede analizarse únicamente en términos de aranceles, cuotas y acceso a mercados. La sostenibilidad pasa a formar parte de las propias reglas del intercambio y coloca a las empresas frente a una transformación más profunda: competir en Europa dependerá tanto del precio y la calidad de un producto como de la capacidad de acreditar su trazabilidad, su impacto ambiental y el cumplimiento de estándares laborales y de derechos humanos.
Se trata de un cambio particularmente relevante para la Argentina. Tras 25 años de negociación, el acuerdo abarca un mercado de alrededor de 700 millones de consumidores y no se limita al comercio de bienes agrícolas: alcanza bienes industriales, servicios y sectores estratégicos vinculados con recursos naturales y minerales críticos. Es, en ese sentido, un acuerdo de “nueva generación”, en el que cuestiones que durante décadas resultaron difíciles de incorporar al sistema multilateral de comercio —entre ellas la relación entre comercio y ambiente— pasan a integrar el marco jurídico bilateral.
La consecuencia es una aparente paradoja. La eliminación o reducción de aranceles mejora las condiciones formales de acceso al mercado europeo, pero simultáneamente crecen las exigencias regulatorias para ingresar a ese mercado. La oportunidad comercial existe, aunque aprovecharla dependerá crecientemente de la adaptación de las cadenas productivas.
Del libre comercio al comercio sostenible
El núcleo de este nuevo paradigma se encuentra en el capítulo 18 del acuerdo, dedicado al comercio y el desarrollo sostenible. Su objetivo es integrar los aspectos ambientales y laborales a las relaciones comerciales y de inversión, reconociendo al mismo tiempo las diferencias de desarrollo, capacidades y prioridades entre los bloques.
El capítulo abarca un espectro amplio: cambio climático, biodiversidad, gestión sostenible de bosques, productos forestales, derechos laborales, responsabilidad social empresaria, cadenas de suministro, agricultura y alimentación, pesca y acuicultura. También establece un mecanismo específico de solución de controversias y prevé la revisión del propio capítulo, lo que le otorga un carácter dinámico.
Esta arquitectura es importante porque muestra que la sostenibilidad no funciona como una declaración lateral al acuerdo comercial. Está incorporada a su funcionamiento y puede evolucionar a medida que cambien las políticas ambientales y las exigencias de ambas regiones.
Sandra Cecilia Negro define este tipo de disposiciones como parte de una nueva generación de normas “OMC Plus” y “OMC Extra”: algunas profundizan reglas ya existentes en el sistema multilateral de comercio y otras regulan cuestiones sobre las que no se logró alcanzar consensos suficientes dentro de la Organización Mundial del Comercio.
El Pacto Verde proyecta las reglas europeas fuera de Europa
El acuerdo tampoco opera en el vacío. Coincide con una transformación regulatoria mucho más amplia impulsada por el Pacto Verde Europeo, cuya meta es reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en 55% respecto de los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El programa atraviesa políticas industriales, energéticas, financieras, logísticas y agrícolas.
Su efecto económico excede las fronteras europeas. Cuando la Unión Europea incorpora criterios ambientales a su política comercial, los productores de terceros países que quieran vender en ese mercado quedan indirectamente alcanzados por esas reglas.
Este fenómeno es central para comprender el Acuerdo UE-Mercosur. La reducción arancelaria no reemplaza la legislación ambiental europea: ambas dimensiones se superponen. Una mercadería puede beneficiarse de una preferencia arancelaria y, sin embargo, no poder ingresar si incumple las condiciones regulatorias exigidas para circular en el mercado europeo.
De allí surge uno de los principales desafíos para el sector privado: el concepto de “acceso al mercado” se vuelve más amplio. Ya no alcanza con analizar el arancel aplicable. Hay que determinar también qué información debe suministrarse, qué certificaciones serán necesarias, qué nivel de trazabilidad exige el producto y cuáles son las obligaciones ambientales y sociales asociadas a su cadena de valor.
Deforestación: la trazabilidad se convierte en requisito comercial
El Reglamento europeo 2023/1115 sobre deforestación y degradación forestal constituye uno de los ejemplos más claros de esta nueva lógica.
“Con el Reglamento de deforestación, la trazabilidad pasa a ser una exigencia de ingreso al mercado europeo.” Sandra Cecilia Negro
La normativa busca impedir que determinados bienes comercializados en la Unión Europea provengan de terrenos deforestados con posterioridad a 2020. Entre los productos especialmente alcanzados se encuentran carne bovina, cacao, café, palma aceitera, soja y madera, junto con determinados productos derivados.
Para la Argentina, el impacto potencial es evidente por el peso de las cadenas agroindustriales y, particularmente, de la carne bovina y la soja.
El punto crítico es que el exportador ya no deberá limitarse a declarar el origen nacional del producto. La regulación introduce una lógica de trazabilidad mucho más granular. La información puede llegar hasta la geolocalización de las parcelas donde se produjeron las materias primas, además de fechas de producción y datos de los integrantes de la cadena de suministro. En el caso del ganado bovino, la trazabilidad puede comprender el recorrido desde la crianza hasta la faena.
Además, el producto debe haber sido elaborado de conformidad con la legislación pertinente del país de origen. Esa evaluación no se limita estrictamente a la normativa forestal: incluye protección ambiental, derechos de terceros, derechos laborales, derechos humanos, consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, normativa fiscal, lucha contra la corrupción y disposiciones comerciales y aduaneras.
El régimen contempla asimismo una declaración de diligencia debida y mecanismos de verificación. Las empresas deben disponer de información suficientemente concluyente para demostrar que sus productos están libres de deforestación y que las materias primas fueron producidas legalmente.
El costo de esa adaptación no será marginal. Las certificaciones, los sistemas de información, la geolocalización y la reorganización de proveedores pueden resultar especialmente exigentes para las pymes. Durante el análisis se destacó que las certificaciones privadas pueden representar un costo significativo incluso cuando técnicamente están disponibles en los países del Mercosur.
La regulación prevé, además, sanciones que pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación anual del importador, junto con eventuales confiscaciones de productos. Según el cronograma presentado, la aplicación fue prorrogada de manera escalonada hasta el 30 de diciembre de 2026 para grandes empresas y el 30 de junio de 2027 para pequeñas y medianas empresas.
Menos aranceles no significa menos requisitos
La tensión entre apertura arancelaria y exigencia regulatoria es probablemente una de las claves económicas del nuevo escenario.
“La rebaja o la eliminación de aranceles es una gran ventaja. El problema es si el producto está en condiciones de ingresar al mercado europeo.” Sandra Cecilia Negro
Las estimaciones mencionadas durante el análisis sitúan la liberalización arancelaria del acuerdo en niveles superiores al 90% para una amplia proporción del intercambio. La ventaja es significativa, pero no elimina la pregunta fundamental: ¿está el producto en condiciones regulatorias de ingresar?
Esta distinción modifica la ecuación empresarial. Tradicionalmente podía compararse el costo de obtener determinadas certificaciones con la alternativa de pagar un arancel. En el nuevo marco, esa elección pierde progresivamente sentido: el cumplimiento ambiental puede convertirse directamente en una condición de acceso, independientemente del tratamiento arancelario.
“No hay que mirar solamente el costo de la certificación o del arancel. Hay que agregar el costo reputacional.” Leila Devia
A ello se suma un segundo costo menos visible: el reputacional. Leila Devia advierte que una empresa puede evaluar económicamente cuánto le cuesta certificar o adaptarse, pero el incumplimiento de estándares ambientales, sociales o de derechos humanos puede tener consecuencias sobre su relación con clientes, inversores y cadenas globales de valor que exceden ampliamente el costo aduanero.
Debida diligencia y reportes: la sostenibilidad entra en la gestión empresaria
El Reglamento de deforestación es solo una pieza de un sistema regulatorio más amplio. Las directivas europeas vinculadas con información corporativa sobre sostenibilidad y debida diligencia —CSRD y CSDDD— avanzan en la misma dirección: establecer cómo deben operar las empresas y qué información deben divulgar en materia ambiental, derechos humanos y transparencia.
El efecto puede transmitirse a empresas argentinas incluso cuando no estén directamente alcanzadas por una norma europea. Una compañía que provee insumos o productos a una empresa europea sometida a obligaciones de debida diligencia puede recibir pedidos crecientes de información sobre emisiones, condiciones laborales, proveedores, origen de materias primas o riesgos ambientales.
La sostenibilidad pasa así de los departamentos de responsabilidad social a áreas centrales del negocio: compras, comercio exterior, finanzas, compliance, legales, logística y gestión de proveedores.
La tendencia se extiende incluso a otros sectores. El reglamento europeo de ecodiseño y el desarrollo del pasaporte digital de productos apuntan a profundizar la trazabilidad, mientras que nuevas discusiones internacionales avanzan sobre textiles, residuos, biodiversidad y otros componentes de las cadenas productivas.
Carbono en frontera: también importa cómo se produjo
La misma lógica aparece en las políticas europeas sobre emisiones. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono introduce el contenido de carbono de los productos dentro de la ecuación comercial.
El principio es comparable al de la deforestación: Europa busca conocer qué ocurrió antes de que el producto llegara a su frontera. En un caso interesa dónde se produjo y si existió deforestación; en el otro, cuánto carbono estuvo asociado al proceso productivo.
Para las empresas exportadoras, esta convergencia implica que la capacidad de medir información ambiental se transforma en infraestructura comercial. Huella de carbono, geolocalización, trazabilidad de proveedores y documentación de procesos dejan de ser únicamente indicadores de sostenibilidad y pasan a influir sobre la competitividad.
La transición verde también abre un mercado financiero
El endurecimiento regulatorio constituye una cara del proceso. La otra es la movilización de capital para financiar la transformación.
El Reglamento europeo de Bonos Verdes, aplicable desde diciembre de 2024, creó un estándar voluntario para quienes quieran utilizar la denominación “Bono Verde Europeo” o EuGB. Define criterios para destinar los fondos a proyectos ambientalmente sostenibles, obligaciones de información antes y después de la emisión y mecanismos de revisión externa. Entre las actividades financiables se incluyen tecnologías ambientales, eficiencia energética y de recursos, transporte e investigación sostenible.
La taxonomía europea cumple una función complementaria: clasifica qué actividades pueden considerarse ambientalmente sostenibles y proporciona un lenguaje común para orientar inversiones.
La escala financiera involucrada permite dimensionar el cambio. El Fondo Social para el Clima prevé al menos 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032, mientras que el Mecanismo para una Transición Justa moviliza alrededor de 55.000 millones de euros para atender los efectos económicos y sociales de la transición ecológica.
Para las empresas argentinas, esto abre una segunda lectura de la agenda verde. Las regulaciones implican costos de adaptación, pero los mercados de bonos verdes, carbono y otros instrumentos de financiamiento sostenible también pueden convertirse en fuentes de capital para proyectos de eficiencia energética, energías renovables, economía circular, reconversión industrial o reducción de emisiones.
Devia subraya, sin embargo, una distinción práctica: la existencia de grandes fondos internacionales no significa que los recursos estén automáticamente disponibles. El acceso depende de la calidad y solidez de los proyectos, las condiciones de inversión, la credibilidad de las contrapartes y los mecanismos concretos de desembolso.
Qué deberían mirar hoy las empresas argentinas
La principal conclusión empresarial es que esperar a que una obligación entre plenamente en vigencia puede resultar costoso. El proceso de adaptación exige identificar proveedores, construir bases de datos, revisar contratos, geolocalizar establecimientos, seleccionar certificadores, capacitar equipos y establecer procedimientos de debida diligencia.
“Hay que estar constantemente atentos a las regulaciones, pero también a los sectores, porque van variando de sector en sector.” Leila Devia
El primer paso debería ser sectorial. Las obligaciones no afectan de igual manera a una exportadora de carne, una compañía industrial, una empresa textil o una firma que busca financiamiento sostenible. Las normas europeas, además, están sujetas a modificaciones, prórrogas y revisiones, por lo que el seguimiento regulatorio se convierte en una función permanente.
El segundo paso es mapear la cadena completa y sus actores: productores, proveedores, operadores comerciales, certificadoras, clientes europeos, entidades financieras y organismos públicos. La información que antes podía permanecer fragmentada deberá poder recuperarse y verificarse.
Y el tercero consiste en incorporar el cumplimiento ambiental a la estrategia comercial. La trazabilidad no debería ser vista únicamente como un costo de compliance, sino como un activo para preservar mercados, integrarse a cadenas globales y acceder a financiamiento. Como plantearon las especialistas, pagar un arancel o asumir un costo puntual puede resolver una operación, pero difícilmente constituya una estrategia sostenible si el mercado de destino exige cada vez más evidencia sobre la forma en que fue producido un bien.
Una etapa decisiva para el comercio entre ambos bloques
El Acuerdo UE-Mercosur llega así en un momento en que la frontera entre política comercial y política ambiental se vuelve cada vez menos nítida. La Unión Europea está utilizando su mercado, sus estándares regulatorios y sus instrumentos financieros para acelerar una transición que inevitablemente repercute sobre sus socios comerciales.
Para la Argentina, el desafío será transformar esa presión regulatoria en competitividad. El potencial de un mercado ampliado y de menores aranceles es considerable, pero la ventaja efectiva estará en aquellas empresas capaces de demostrar origen, trazabilidad, cumplimiento y desempeño ambiental.
La etapa es particularmente relevante porque muchas de estas reglas todavía están evolucionando. Los cronogramas se modifican, aparecen nuevas obligaciones sectoriales y los capítulos de sostenibilidad del propio acuerdo prevén mecanismos de revisión. El escenario, por lo tanto, no es el de una regulación cerrada sino el de un sistema en construcción.
En ese contexto, anticiparse puede marcar la diferencia entre afrontar la sostenibilidad como una barrera adicional o incorporarla como una condición estructural para competir en el comercio internacional de los próximos años.
El tema fue desarrollado durante una actividad organizada por la Comisión de Administración y Finanzas de la CCI France Argentine, dedicada a analizar la sostenibilidad y el comercio verde en el marco del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, con la participación de las especialistas Leila Devia y Sandra Cecilia Negro.
Los números clave del nuevo escenario UE-MercosurEl alcance del acuerdo y de la transición regulatoria europea puede dimensionarse a través de algunas cifras que resumen la magnitud de los cambios en curso:
Estas cifras sintetizan la doble dimensión del nuevo escenario: una apertura comercial de gran escala y, al mismo tiempo, un incremento sustancial de los requisitos ambientales, de trazabilidad y de información que condicionarán el acceso efectivo al mercado europeo. |
Las especialistas
Leila Devia
Abogada especializada en régimen jurídico de los recursos naturales y doctora en Ciencias Jurídicas por la USAL. Es profesora titular de la UBA, directora del Centro de Derecho Ambiental de la UBA (CeDAF) y directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la USAL. Es autora de numerosas publicaciones sobre cambio climático y medio ambiente y experta revisora del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). fileciteturn0file1L36-L48
Sandra Cecilia Negro
Doctora en Derecho por la UBA y especialista en relaciones internacionales, derecho del comercio internacional y derecho de la integración. Es profesora titular de Derecho de la Integración en la UBA, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) y del Observatorio sobre la Implementación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea (OAMU). Es autora de diversas obras sobre comercio e integración regional.
